Blog de novedades de PUGA ORTIZ Abogados

Ante la falta de cumplimiento respecto de las normas que deben regir en cada país para salvaguardar la Propiedad Intelectual, a Chile se le considera internacionalmente dentro de los países “parias” del sistema de Propiedad Intelectual.

Más allá del contenido de las razones para ello y su justificación, no deja de tener un lado cierto, ya que es una realidad que existe, una ausencia de ánimo efectivo de las diferentes autoridades, para promover la adecuada observancia de los derechos de Propiedad Intelectual e impedir las infracciones a los mismos.

El Gobierno se ha enfocado esencialmente en procurar a través del Congreso, la aprobación de tratados de forma en la materia (PCT, TLT, etc.), entregando para ello argumentos de compromisos internacionales adquiridos en los Tratados de Libre Comercio; o la adopción de modificaciones legales de parche, como la creación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial,  pero sin detenerse en un análisis serio de sus contenidos, ni menos al alcance de sus obligaciones. El resultado es un mayor entramado jurídico, pero una menor implementación. 

Por su parte, el Poder Judicial tampoco adopta las decisiones necesarias para detener las infracciones, muchas veces obviándolas por impopulares.

En resumen, lo que no se indica o expone, es la contradicción en las actuaciones de la propia autoridad.
En efecto, la legislación vigente sobre la materia contempla medios y formas para hacer respetar los derechos de Propiedad Intelectual, que aún cuando perfectibles, son medios eficaces, que de usarse con real ánimo e interés, sin duda bajarán nuestros índices de infracción en Propiedad Intelectual.

Por ello, mientras no exista una voluntad real de las autoridades en exigir el cumplimiento de las mínimas normas que actualmente contempla nuestro ordenamiento de Propiedad Intelectual, el resto de las medidas que se adopten, sólo es música.

Cristian Mir Balmaceda
Socio Puga Ortiz Abogados
Director Asociación Chilena de la Propiedad Industrial

Juan Esteban Puga, socio de PUGA ORTIZ Abogados, ha sido invitado por el Banco Mundial a participar en la conferencia regional de “Solución de controversias en virtud de dificultades financieras” que se llevará a cabo el próximo 16 de julio, en la sede del Banco Mundial, en Washington DC, Estados Unidos.

La invitación se enmarca en los esfuerzos de este organismo internacional por promover y fortalecer sistemas eficaces en la solución de controversias en los países de América Latina.

Luis Ortiz Quiroga, socio principal de PUGA ORTIZ Abogados, recibió la máxima distinción de sus pares, quienes lo eligieron el mejor penalista de Chile en su área.

Por segundo año consecutivo, la revista Que Pasa logró que 101 abogados respondieran a la pregunta sobre a qué par elegirían para que los representara en el caso de que tuvieran un problema judicial particular.

La condición impuesta a los votantes fue que su seleccionado no participara en su bufete.

Por diversos motivos y hechos noticiosos, el tema de la piratería se ha transformado en una materia que salta a la palestra en las últimas semanas, originando foros y debates respecto de si realmente representa una amenaza en nuestro país. La inclusión de Chile por tercer año consecutivo en la “lista roja” (Priority Watch List) de países que representan un peligro para el resguardo de los derechos de propiedad intelectual, elaborada por Estados Unidos, avivó aún más esta discusión, la que, no obstante, ha servido para aclarar algunas dudas que se mantienen en la opinión pública respecto de este tema.

Entrevistado por el programa Doble Lectura, de Radio Amadeus, Juan Enrique Puga, socio de PUGA ORTIZ Abogados, descartó que es un error que Chile esté siendo visto como uno de los países con más piratería del planeta, pero aclaró que sí está bajo la condición de observación sobre la calidad de su normativa destinada a proteger los derechos de propiedad intelectual.

Puga explicó que ya existen las herramientas para trabajar contra este tipo de delitos y señaló que las instancias fiscalizadoras son cada vez mas activas y están poniendo en marcha los mecanismos para frenar la piratería.

El destacado penalista Luis Ortiz Quiroga, socio principal del Estudio, fue designado este martes 9 de junio como el nuevo vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en reemplazo de don Cristián Maturana.El nombramiento fue hecho por el rector Víctor Pérez y fue muy bien recibido tanto por la asamblea de académicos de Derecho, como por los estudiantes, quienes se manifestaron en contra del decano, quien terminó por presentar su renuncia.

Luis Ortiz Quiroga es abogado titulado en la Universidad de Chile y también profesor de Derecho Penal de esa casa de estudios. Ha tenido gran figuración debido a los casos de alta connotación pública en los que ha tenido destacada participación.

El Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, entregó los detalles de la Reforma Procesal Civil, haciendo énfasis en su implementación para evitar que ésta se frustre.

Haciendo un paralelo con lo ocurrido con la Reforma Procesal Penal, es importante la forma como se pondrán término a las causas que se ventilan ante los Juzgados Civiles, las que, por número -según señala Maldonado-, superan las causas penales.

De los 36 Juzgados Civiles que había, sólo quedan dos tribunales que cuentan con funcionarios judiciales estresados como consecuencia del trabajo que han heredado, con dos jueces por juzgado, que sentencian causas extremadamente complejas.

Asimismo, se va a implementar una nueva reforma referida a la especialización de las Cortes de Apelaciones, creando una Corte Penal, ante lo cual surge inmediatamente la pregunta del porqué de ello. Si la respuesta es para agilizar la tramitación de las causas penales, evidentemente no se han percatado que hoy la Corte de Apelaciones de Santiago se encuentra bastante al día en lo que a esta materia se refiere, destacando, por lo demás, que la nueva justicia procesal penal tiene acotada la posibilidad de interposición de recursos, lo que ha restado una buena carga de trabajo a los Tribunales Superiores y que conlleva a que, entre la presentación del recurso y la del correspondiente “cúmplase” del Juzgado de Garantía y/o Tribunal Oral en lo Penal, no medie más de un mes.

Si esta reforma pretende descongestionar, no se entiende entonces el por qué el dinero que cuesta la modernización no fue utilizado en la creación de un mecanismo que pudiese haber puesto fin a las causas del sistema procesal antiguo.

A nivel de Cortes como de Juzgados del Crimen la premisa es cerrar y terminar los procesos criminales que se ventilan al amparo del antiguo Código de Procedimiento Penal, violentando muchas veces los derechos y garantías de los intervinientes.

En estas circunstancias, y ahora que se pretende implementar una nueva Reforma Procesal de la envergadura de la Civil, lo único que podemos pedir a las autoridades de gobierno es que se adopten las medidas para que la muerte de los antiguos Juzgados Civiles sea digna.

Leonardo Battaglia
Socio de PUGA ORTIZ Abogados